Las
transformaciones que la ciudadanía que apuesta por los cambios espera de los
nuevos gobiernos debiese analizarse en una nueva clave, bajo un nuevo prisma.
La pulsión de cambio vivida hace unos meses con la celebración de
unas elecciones autonómicas ha dado lugar a un cambio de gobiernos que deben
dar forma, no sólo a cuestiones programáticas, sino afrontar valientemente las
profundas transformaciones institucionales necesarias para mejorar
nuestra democracia y la participación ciudadana.
Dichos cambios deben manifestarse también ahondando en una nueva institucionalidad que
supere paradigmas establecidos y, aprovechando las voluntades expresadas los
discursos de tantos actores que hoy son gobierno cuando hablan de reformas
profundas de la Constitución, procesos constituyentes y demás, se debería dar
un ejemplo empezando por nuestras autonomías y comenzar a dar pasos en ese
sentido.
Buen ejemplo de ello es la apuesta por la creación de un nuevo órgano como
el de la Agencia anticorrupción, antifraude o como la quieran
bautizar. Para que llegue a buen puerto debería concebirse como instrumento
independiente de los gobiernos y al servicio del Poder Judicial y ante todo de
los ciudadanos. El encaje de esta nueva institución independiente obligaría a
profundas reformas y puede ser un ejemplo a seguir más tarde en una futura reforma
global de la Constitución.
No se trata de ser tan ambiciosos como para incidir en la creación de un
quinto Poder dentro del modelo de Estado como sucedió por ejemplo en Ecuador
con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social; para ello hace falta abrir el melón de la Constitución y orientarla
hacia modelos de mayor contrapeso y control entre poderes. Pero sí sería un
primer paso seguir la senda de su Comisión de Control Cívico de la Corrupción y
sus atribuciones como modelo alternativo y de apoyo a los tribunales en la
persecución y denuncia de los delitos de corrupción.
Dicha Comisión goza de personalidad jurídica e independencia de
los gobiernos así como de autonomía económica. Sus funciones son las de, sin
interferir en la función judicial, tramitar sus pedidos y poner a su
disposición otros casos, y al fin y al cabo se trata de una herramienta eficaz
para luchar contra la corrupción en un país, Ecuador, donde este tema era un
problema grave. Además su naturaleza es cívica y viene participada y compuesta
por actores de la sociedad civil.
En nuestra sociedad la corrupción también se ha convertido en un mal
sistémico y por ello no es de extrañar que se realicen este tipo de propuestas.
Bien fraguadas y alejadas del control político de los gobiernos, más allá de
los partidos, la propuesta debe fundamentarse en los pilares de la
independencia y el poder ciudadano.
Algunos ya han intentado desnaturalizar la idea, bien
sea por temor a que se aireen sus trapos sucios (que también los tienen), o
bien por la inercia o ignorancia de los partidos de seguir pensando que una vez
se alcanza el Gobierno todo debe estar dentro del Gobierno.
Y hacen bien quienes desde las Cortes Valencianas
están defendiendo la independencia del órgano frente al Gobierno. Cometer ese
error restaría toda lógica al propio organismo cuya naturaleza debe ser
potenciar el control ciudadano sobre la corrupción. Nuestro sistema no necesita
más corrales para partidos sino herramientas que ayuden eficazmente a perseguir
y condenar a quienes desde los poderes públicos se dedican a saquearnos.
La mayor responsabilidad del Gobierno actual no es tanto crear dicha Agencia,
sino quedarse fuera de ella para hacerla verdaderamente útil a la
Justicia y al poder ciudadano.
Publicado en Levante-EMV el 27.08.2015:http://www.levante-emv.com/opinion/2015/08/27/agencias-anticorrupcion-ciudadano/1307025.html
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