15/11/2016 - 19:27h
La semana pasada Les Corts Valencianes,
tras más de un año de trabajo, daban luz verde a la Agencia de Prevención y
Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
El camino hasta la aprobación no ha
sido fácil. La tramitación no ha estado exenta de trabas, obstáculos y
zancadillas que han puesto de manifiesto, en ocasiones, el gran peso de los
aparatos de los partidos sobre la vida institucional no exenta de
desconfianzas, egos y cálculos ombliguistas; actitudes que nos muestran el
largo camino que aún queda por recorrer en materia de calidad democrática de
nuestro sistema al haberse puesto en riesgo la existencia de esta instrumento
por ambiciones meramente orgánicas y partidistas.
No obstante la Ley, defendida en un
ejercicio de épica dialéctica por la parlamentaria de Podem Fabiola Meco, dejó
en evidencia todas las falsas acusaciones que se vertieron sobre la Agencia.
Por una parte se esclareció que este nuevo instrumento no estaba destinado a
ser un juguete para los gobiernos de turno. Se ha garantizado su independencia,
no sin grandes esfuerzos por parte del grupo que la proponía, Podemos, así como
por parte de la sociedad civil que acompañaron a la redacción de la Ley. Una
independencia que ha sido el caballo de batalla contra el que la ciudadanía y
Podemos han tenido que combatir día a día frente a los intentos continuados por
parte del PSPV y Compromís de adjudicarse el control de la Agencia, quizás para
apuntar con ella a conveniencia, quizás para que no les apuntase a ellos
mismos, o quizás para inutizarla y guardarla en el cajón de las reliquias (quién
sabe). Al final la Agencia está adscrita a Les Corts para garantizar su
indepencia, y por ende, su razón de existir.
Por otra parte se desmontaron las
acusaciones sobre el ente en cuanto a su extralimitación de competencias. Todas
las acusaciones provenientes del Grupo Popular así como sus amenazas con
recurrirla al Constitucional caen en saco roto. La falsedad de las acusaciones
de los populares son de tal magnitud que la única conclusión benévola que se
puede extraer es que simplemente no habían leído la Ley.No corren buenos
tiempos para el PPCV; los excesos verbales y el gamberrismo político que les
llevaron a bautizar como Gestapo a esta agencia dejan en evidencia a una fuerza
política que se asfixía día a día por su propio entramado de corrupción
sistémica fraguado durante décadas. Mal andamos cuando el partido con más
causas abiertas por corrupción política vota en solitario contra esta agencia.
La agencia no pisotea las competencias
ni de la policía, ni de la fiscalía ni de los jueces; es más, es un instrumento
aliado para ellos que a buen seguro agradecerán encuanto comience a ejercer sus
funciones.
Por otra parte, su composición
garantiza que el trabajo se llevará a cabo por aquellos quienes mejor pueden
colaborar a combatir el fraude y la corrupción: funcionarios de las
administraciones donde se han fraguado los casos de corrupción habitualmente; y
no sólo los casos más sonados, sino aquella corrupción cotidiana, de andar por
casa, que día a día se había instalado en entidades locales, autonómicas y
provinciales. Allí donde la corrupción campaba a sus anchas para el beneficio
de tantos en perjuicio de todos. Así, los funcionarios que tuvieron que
soportar de cerca y sin respaldo institucional esta lacra, se convierten ahora
en los protagonistas de su persecución.
También se ha tenido encuenta la debida
protección del denunciante en su articulado; de manera integral y con las
debidas garantías para que nunca más se queden sin denunciar casos de
corrupción por la extorsión o el miedo que se pueda inducir por parte de los
corruptos y los corruptores.
Según dicen, algunos se alegraban de
que la agencia no se pareciese demasiado a la que quería Podemos y la sociedad
civil. Seguramente lo dicen aquellos a los que la agencia que más les hubiese
gustado es la que no hubiese existido. La realidad es que finalmente los
ciudadanos y las ciudadanas contaremos con un instrumento que servirá para
continuar cercando a los corruptos y defendiendo la integridad de nuestras
instituciones y de nuestros bolsillos.
Gonzalo Guillén Tarín
Politólogo y Consultor Internacional
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